Díaz de Tuesta

Comentario de Díaz de Tuesta

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No es un título muy original, lo sé, pero resultaba más que apropiado, creedme. Y es que mucha gente ha hablado en estos días respaldando la ley Sinde, con opiniones para todos los gustos y alguna que otra argumentación asombrosa.

Algunos, es cierto, la defienden directamente y sin mayores complicaciones. Por ejemplo, David Bisbal, que debió decir en la radio algo como que “en este país hay demasiada libertad de expresión” (sin comentarios). O Miguel Bosé (de verdad que siento traerle a colación, me encanta su música, pero no puedo pasarlo por alto), que escribió en el Twitter: “Desde aquí mi apoyo total e incondicional a la Ley Sinde. Ya era hora. Y de paso que conste mi vergüenza hacia todos aquellos políticos que intentan canjear nuestros derechos contra otros beneficios que nos lesionan profundamente. A ellos vaya mi desprecio”.

Cierto que muchos de estos interpretes musicales, cabeceras de venta de los más grandes negocios editoriales (los que peligran, realmente), hablan a veces precipitadamente, impulsados por el lógico enfado contra aquellos que hacen negocio con el fruto de su trabajo, dejándoles al margen. Frustración que, como siempre digo, entiendo perfectamente.

Pero, ¿nos entienden ellos, a los ciudadanos de a pie?

Porque, curiosamente, la frase “que conste mi vergüenza hacia todos aquellos políticos que intentan canjear nuestros derechos contra otros beneficios que nos lesionan profundamente”, es lo que podría decir cualquier persona, por el beneficio que le han dado una y otra vez en el pasado (periodos larguísimos de la ley de propiedad intelectual contrarios a la riqueza cultural del país, canon aberrante con el que se castiga preventivamente de un delito a toda la sociedad y se entrega el dinero recaudado ¡¡¡a menuda asociación privada!!!…) y que pretenden seguir dándole en el futuro (imponiendo sistemas anómalos de dirimir los conflictos, como el que prevé la ley Sinde, creado única y exclusivamente para sujetar la red y esquivar las Sentencias que han venido dictando los jueces, contrarias a los intereses de “la industria de los derechos de propiedad intelectual”…), a él y a los que se dedican a su privilegiada profesión, frente al resto de los ciudadanos del país.

Esos (y otros cantantes que se están ganando muy mala fama, como Alejandro Sanz, quien además parece tener cuentas pendientes con Hacienda) representan el extremo duro del movimiento pro–ley Sinde, los que más ganaban y, por tanto, están más dispuestos a todo con tal de salirse con la suya.

“Presiono aún de darse el caso de que, para proteger MI NEGOCIO, toda la sociedad tenga que retroceder pasos de gigante hacia un control gubernamental totalmente antidemocrático.”

Demagogia no falta. Pongamos por ejemplo lo dicho por Fernando Savater en un artículo reciente en el que defiende la ley Sinde como algo lógico en el desmán de este nuevo salvaje oeste que es la red, llena de forajidos. Discrepo con él en muchas cosas, como les pasa a otros. Supongo que, cuando nos tocan la cartera, todos nos volvemos ciegos y sordos pero, lamentablemente, no mudos.

O sin lamentaciones, que aquí todo el mundo debe tener derecho a decir lo que quiera, al menos de momento.

El señor Savater habla del gobierno casi como si fuera algo a lo que hay que resignarse porque somos demasiado díscolos como para poder organizarnos de mejor manera. A mí se me ocurre que, simplemente, es una forma de organizarnos. En cualquier caso, a estas alturas de nuestra civilización, debería hablarse siempre de una sociedad que se organiza “a sí misma” a través de un gobierno y de unas leyes que “emanan de ella” y son como “ella desea” y que deben ser aplicadas siempre y en todo caso POR LOS JUECES, no por el gobierno.

Que, ojo, no siempre se da en la práctica, en eso el señor Savater tiene razón. Ahí están las tiranías y dictaduras de toda clase. Podemos poner como prueba la mismísima ley Sinde (no la llame “antidescargas”, señor Savater, que es mucho más, si no, no estaríamos discutiendo aquí): el gobierno actúa, saltándose a los jueces, en respuesta a otros intereses que, evidentemente, no son los sociales. Son intereses particulares de una élite que tiene la suficiente fuerza como para pretender imponer su voluntad sobre todos.

Dice Fernando Savater: “No cabe duda de que las leyes contra las descargas ilegales se abrirán paso también, gradualmente, junto a otras que impidan abusos autoritarios de los censores.” Abusos… Autoritarios… Censores. Qué fuerte leer algo así, a estas alturas de la vida. La censura es imparable, pero no preocuparse que seguro que esos mismos que la forzaron para “su beneficio patrimonial privado” se preocuparán de evitar los excesos. Pues… me resulta un tanto increíble. Si puedo opinar, prefiero que, de salida, no haya ninguna censura. Que los interesados en seguir cobrando de tal o cual modo busquen otros medios para llegar al malo de megaupload

Dueño de Megaupload. Imagen obtenida desde el blog de Lorenzo Silva

sin molestarme a mí en mis libertades, faltaría más. Y, si no son capaces, que cambien ellos el negocio o se extingan. Es ley de vida.

Una vez que el gobierno, apoyándose en una élite, hace oídos sordos a la sociedad y los jueces, y actúa por su cuenta, la tiranía está servida.

Todo esto resulta inquietante para el espectador social sacrificado, el ciudadano que pasaba despistado por aquí y no disfruta de los beneficios del reparto pero sí se ve obligado a callar la boca. Porque, a cuenta de esto, todo negocio en internet está gravemente amenazado. Toda crítica es susceptible de respuesta censora. A todo. Por todo. A su gusto, porque todo es interpretable y seguro que todo puede llegar a vulnerar patrimonialmente algo.

Sinceramente, viendo eso, como ciudadana no puedo aceptar sin preocuparme, y mucho, que alguien diga que la ley Sinde es «un parche que se puede poner y que es mejor que ninguno», como ha hecho Lorenzo Silva en un artículo reciente. Si es que lo dijo, claro, porque, como luego explica en su blog privado, las cosas no fueron como las presenta el periodista responsable del artículo del periódico ABC. Que si cortaron frases e ideas, que eso no era así, que si no está nada contento con el resultado…

Aún así, Lorenzo Silva habla de “ciberfascismo” en su blog, y sigue viendo la sociedad (pues es la sociedad la que habla a través de su actuación en internet, mal que les pese) como un enemigo, un animal asilvestrado al que domesticar para que vuelva a ser obediente y haga las cosas como ellos quieren. Los cuatro autores que respaldan y firman el comunicado, lo intentan. Y no dejan de tener una parte de razón, como la tenían los músicos, aunque, seamos serios, afirmar que no seguir sus pautas para comprar sus libros es despreciar la cultura, es cuanto menos pretencioso. A ver, que nos entendamos: leer es cultura, escribir es cultura. Vender libros NO es cultura, es negocio. Y si no escriben ellos, otros escribirán, seguro. Y puede que hasta bien, aunque no lo crean ni ellos ni el señor Savater.

La solución no puede pasar por imponer mecanismos de censura, sino viendo cómo replantear el negocio para que el autor pueda seguir viviendo de ello dignamente (concepto relativo según el entendimiento de cada cual, me temo) en un medio en el que el pago por copia ya no es posible.

Que cambien ustedes su modelo de negocio, ese es realmente el mal menor, señores. El otro, la censura, es el mal enorme y por completo inaceptable. Uno afecta a derechos privados patrimoniales, el otro a derechos fundamentales. Si ganan las élites, si imponen su modelo de negocio por la fuerza y a costa de lo que sea, este país no será el que decían que era.

Menos mal que, pese a lo que dice Fernando Savater, no todos los “artistas rentables” (tiene tela el término y el planteamiento de los “no rentables” como seres rastreros y rencorosos) entran en el mismo saco. Por ejemplo, en Twitter, Alejandro Sanz le mandó un mensaje al escritor Juan Gómez–Jurado (defensor de “querer escribir y comer de ello”, ambas cosas amenazadas por la ley Sinde, como ha explicado en sucesivos mensajes del Twitter y en un artículo muy recomendable) soltándole una perla del tipo “si tienes huevos, da tus libros gratis”.

La respuesta, ha sido inmediata: ¡zas!, en toda la boca, que se dice.

Juan Gómez–Jurado ha puesto su novela “Espía de Dios” en descarga gratuita para distintos soportes, con la única petición de que, si gusta, se entregue 1 euro a “@savethechildren”.

Desde ese momento, la sucesión de donaciones ha sido imparable y en cantidades muy superiores a ese euro solicitado, incluso por gentes que ya habían comprado el libro en papel o que no disponían de dispositivos de lectura para los formatos que se publicaban. ¿Por qué? Porque Juan Gómez–Jurado sí ha establecido una cercanía con sus clientes y sus clientes responden comprendiendo que él también tiene que ganarse la vida. Es un autor que sabe adaptarse a las nuevas normas que pide la sociedad (en qué cabeza cabe pretender que sea la sociedad la que se adapte a las normas de un sector privado…) y seguir las nuevas reglas que impone el mercado: cómprame si quieres, léeme en cualquier caso, siempre, del modo que sea, porque eso es lo que de verdad me hará prosperar.

Tiempo al tiempo. Yo aventuro que los usuarios irán tomando conciencia de la situación y del peligro que corren sus derechos, como me pasó a mí en su momento y actuarán en consecuencia, como votantes y clientes que son.

Así, es de imaginar que compraremos las obras de unos y, sin embargo, no compraremos las de otros, aquellos que vieron apropiado hipotecar nuestros derechos a cambio de, ellos, vivir mejor.

Que, de verdad, sin “ese” libro se puede vivir. Y sin “ese” disco, más. Y sin “esa” película, ni te cuento. Y, en todos los casos, en todos, los ciudadanos seguiremos disponiendo en la red de un caudal inmenso de cultura del que poder disfrutar en nuestro tiempo de ocio.

Es de pura lógica. Hablar de más siempre perjudica. Y optar por los “males menores” a costa de las libertades ajenas, también se paga.

Comentario de Díaz de Tuesta

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Está semana, el relato que os ofrezco (en un máximo de 1700 palabras, como siempre) será de terror, puesto que voy a hablar de la ya tristemente famosa ley Sinde, ese apartado sigilosamente situado al final de la Ley de Economía Sostenible y creado única y exclusivamente para poder eludir la decisión habitual de los jueces en el tema que toca.

Que nadie se equivoque: pese a lo que puede verse en los medios de comunicación controlados por las grandes compañías mediáticas, la guerra en la que estamos inmersos los españoles no va de “desaprensivos internautas” contra “talentosa gente de la cultura”, no. Va de élites protegiendo élites frente a todos los demás y frente a quien sea, a niveles impensables para el ciudadano de a pie, con un violento forcejeo entre un progreso social que hubiese debido ser imparable por su propia naturaleza y una industria basada en modelos de mercado obsoletos que utiliza un gobierno para tratar de mantener su estatus privilegiado.

Porque, aunque muchos parezcan incapaces de entenderlo (en realidad, se diría que no quieren hacerlo, de otro modo es incomprensible, no parece un gran esfuerzo mental), como apunta un estudio jurídico más que recomendable (la Ministra y sus ayudantes deberían sentarse a leerlo y, de paso, estudiar algo de Derecho, ya que se meten a hacer una ley en este país), los derechos de propiedad intelectual son derechos privados de naturaleza patrimonial. Por lo tanto, es por completo inmoral pretender equipararlos a intereses dignos de protección reforzada, como sí lo son el orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. No puede plantearse de ningún modo que, para que un señor pueda mantener su más que próspero negocio como siempre, los demás tengamos que aceptar unas restricciones en nuestros derechos.

Que de eso se trata, todo esto. De eso y nada más.

La famosa “industria”, esa que se ha aprovechado durante años de subvenciones a dedo en este país porque “el cine ERA cultura” (que ya no, cuidado, ahora es un negocio que pretende robarle el ciudadano yonqui, como tuvo a bien decir un representante del grupo. Ahora, las cartas sobre la mesa, o pagas, o no tienes derecho al producto), está presionando al límite para imponer su voluntad y su cartera sobre toda la sociedad. No asume que las cosas son distintas y los contratos deben escribirse de otro modo. Su modelo de mercado, perpetuado a lo largo de los años en un cómodo control absoluto de la creación y distribución de sus contenidos con el que nos maleaba a todos a su antojo (¿cuántos años tardó “La guerra de las galaxias” en ser vista en las televisiones? ¿Cuánto, “Lo que el viento se llevó?”… o, a otro nivel ¿quién fue el último al que le devolvió el dinero tras cobrarle por un bodrio que habían publicitado a bombo y platillo como gran película del año?), se ha visto golpeado por la realidad del progreso. Y debe cambiar, o morir como buen dinosaurio. Pero de ningún modo debe afectarme a mí en el ejercicio de mis libertades.

Eso, es lo que ha olvidado por completo el gobierno, un gobierno (“socialista”, que se dice… bueno, en fin) que, asombrosamente, no se posiciona con la sociedad para la que, supuestamente, trabaja. Al contrario, sólo parece importarle que las mismas personas que se estaban enriqueciendo en el pasado (y a las que tanto debe por favores propagandísticos, entre otras cosas), sigan enriqueciéndose en el futuro, del modo que más pueda convenirles, creando para ello los mecanismos de control que sean pertinentes.

Si es necesario, incluso al margen de los jueces. Quitándose máscaras. Entrando a saco con el saco. Demencial.

Se escudan, claro, en la protección de la propiedad intelectual y, más allá todavía, en “el autor”. Que, realmente, es el único que podría tener algún derecho moral a algo en este asunto, no los muchos intermediarios que pretenden seguir aferrados a su estela, forzándonos a todos a seguir pagándoles sus desorbitados sueldos y los de sus abogados.

Obviamente, entre los autores hay gente razonable, pero muchos cantantes, escritores y gentes del cine (“autores”, en general) han aplaudido organizadamente la ley Sinde, agrupándose en torno a algo lamentable que se autodenomina “Coalición de Creadores”. Nombres conocidos, gente que hubieras esperado que se plantearan las cosas de un modo más liberal, más cercano a la sociedad y menos decepcionante. Es una pena que no hayan sabido ver más allá de su bolsillo inmediato o de la frustración natural que puede derivarse de contemplar cómo otros, ajenos a su círculo, se enriquecen con su trabajo. Eso, puedo entenderlo perfectamente, claro que sí.

Pero, es que, es un hecho: existe internet y el control de la distribución es prácticamente imposible, a menos que se ataquen libertades de otros, de todos. Hay que asumirlo y, si no se asume, es que se están priorizando cosas que no deberían ni de lejos entrar en cuestión. Si hay que elegir entre primar unos derechos u otros, los que deben bajar la cabeza son los privados de carácter patrimonial, señores. Sin más vueltas. Y aquellos que están dispuestos a aceptar que todos caigamos bajo la censura (gobierno, coaliciones de creadores del tipo que sea, empresarios de la industria…), tendrán que asumir la censura social.

Por supuesto, lo ideal sería no entrar en insultos, aunque no es cosa sólo de uno de los bandos, como parecen plantear algunos. Yo, que aspiro a vivir algún día de mis obras, soy más de la opinión mesurada de Juan Gómez–Jurado (menos mal que hay autores como él, o como Isabel Coixet o Álex de la Iglesia, que sí reflexionan y comprenden lo inaceptable de algo como la ley Sinde) cuando dice que hay que asumir los cambios y buscar nuevas soluciones. Pero nuevas. No forzar las viejas bajo el pisotón guiado de la bota de un gobierno que actúa forzado por empresarios de un negocio extinto, a espaldas de su pueblo.

Definitivamente, los autores que tanto aplauden y se comprometen con una ley pro–censura deberían tener muy presente que, para perdurar en el nuevo modelo de negocio, en el que no se puede pretender cobrar “por copia”, sino “por fama”, va a ser imprescindible buscar de salida el agrado de sus clientes y la comprensión social para la profesión. Debe buscarse la empatía, no aumentar el abismo que separa las partes del conflicto, que es lo que está pasando. Cada vez más y más, con comportamientos como el de la SGAE, odiada y rechazada por sus prácticas que pudieran ser interpretadas como mafiosas, en connivencia con el gobierno. ¿En ese marco, realmente se puede esperar otra cosa que la total indiferencia del usuario por si cobra o no cobra alguien perteneciente a una élite privada para la que se estableció una tasa pública (¡y llamándonos a todos presuntos ladrones!)? El propio canon, ilegal, inmoral, y aún implantado por la fuerza pese a las respuestas de los tribunales, ha llevado a eso: si me consideran ladrón de salida y me cobran preventivamente por robar, entonces ya no hay delito. Me he ganado el poder copiar lo que me dé la gana.

Y, como dice la sabiduría popular: quien roba a un ladrón, tiene mil años de perdón.

Hay que ser tremendamente torpe, mucho, para crear algo como la ley Sinde, y muy ingenuo para pretender que sea socialmente aceptada nunca. Ni esta, ni ninguna otra vía que lleve a la censura, por mucha presión y muchos chantajes que planteen las fuerzas de “la industria”. Lo peor que ha podido hacer el grupo de mentes pensantes que poco pensaron al redactarla, es dar pie al “pirata” a protestar y decir “¡atención todos, que vulneran nuestros derechos!”, provocando el rechazo social contra el que sufre el robo y una reacción normal contra el evidente intento de censura. Porque, sí, es verdad, otra vez vulneran nuestros derechos.

Una última reflexión, para los autores que han firmado ese manifiesto respaldando la ley Sinde o, al menos, para los que realmente quieran dialogar y no cerrarse en banda para ganar dinero a costa de lo que sea. Con un acto así, con una aberración como la ley Sinde, se han abierto puertas que jamás hubieran debido abrirse. Puede parecer que compensa, para vivir mejor en el momento o para no sentirse robados en sus beneficios; pero la situación creada, o que se pretende crear, tarde o temprano nos afectará a todos, en todos los ámbitos de la vida.

El gobierno, presionado por un grupo empresarial que no obtenía los resultados deseados en los tribunales, se ha colocado por encima de los jueces para beneficiar económicamente a un sector privado a costa de los derechos de toda la sociedad. Y es de imaginar que, si se sale con la suya, no será la única vez que lo haga. Sólo la primera.

A veces puede parecer que supone un buen negocio vender las libertades, pero nunca lo es.

¿Quieren los autores (“autores”, no resto de profesiones intermediarias que se han vuelto parasitarias y que nadie tiene por qué verse obligado a mantener, y que son el auténtico problema en este asunto) proteger sus derechos “patrimoniales”? Bien, perfectamente legítimo: que acudan a los tribunales, que para eso están. Y si los tribunales no les dan la razón será que, sencillamente, la sociedad, que es quien decide qué es delito y qué no (la voluntad de la sociedad, no la de ningún gobierno, que debería limitarse a gestionar o de lo contrario entramos en la tiranía), ha decidido que el camino debe ser otro y, por tanto, las alternativas a buscar para salvar su negocio deben ser otras.

Como ciudadanos, todos, absolutamente todos (incluso las élites, aunque se sientan por encima de la ley), estamos viviendo una situación lamentable. Un aborto forzado a seguir vivo, como es la ley Sinde, supone un enorme retroceso para lo que hasta ahora se definía como un Estado de Derecho Democrático y Social. Veremos a dónde nos lleva.

Se avecinan tiempos interesantes, que dirían los chinos. Otros que saben bien cómo amordazar la red y sujetar al ser humano.